La Corte Suprema ha programado la audiencia de una demanda presentada por 16 estados que impugnan la constitucionalidad de la creación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). La audiencia está fijada para el 22 de octubre de 2024.
Los estados se unen como codemandantes
Un panel de siete miembros dirigido por el juez Uwani Abba-Aji fijó la fecha después de escuchar los alegatos de los abogados. Los estados que se unen a la demanda como codemandantes incluyen Ondo, Edo, Oyo, Ogun, Nasarawa, Kebbi, Katsina, Sokoto, Jigawa, Enugu, Benue, Anambra, Plateau, Cross River y Níger. El estado de Kogi también recibió permiso para consolidar su demanda, presentada originalmente por el gobierno del estado de Kogi a través de su Fiscal General (AG).
Argumentos legales
Los demandantes sostienen que la Ley de creación de la EFCC, promulgada en 2004, no cumplía con el artículo 12 de la Constitución de 1999, que exige la aprobación de la mayoría de las Asambleas legislativas estatales antes de implementar las convenciones internacionales en la legislación nigeriana. Los estados afirman que, dado que supuestamente no se obtuvo esta aprobación, la Ley de la EFCC no debería ser aplicable a los estados que no la aprobaron.
La demanda hace referencia a la sentencia anterior de la Corte Suprema en el caso Dr. Joseph Nwobike contra la República Federal de Nigeria, que determinó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se había incorporado a la Ley de Establecimiento de la EFCC sin seguir los procedimientos constitucionales.
Consolidación y presentaciones
Durante la audiencia, el Fiscal General del Estado de Kogi, Abdulwahab Mohammed, SAN, informó al tribunal que algunos estados querían unirse como codemandantes, mientras que otros buscaban consolidar sus casos. El tribunal concedió las solicitudes y el juez Abba-Aji aplazó el asunto hasta el 22 de octubre para la audiencia.
Remedios solicitados por el Estado de Kogi
En la demanda original presentada por el Estado de Kogi (SC/CV/178/2023), el estado solicita varias declaraciones, entre ellas:
– Que el Gobierno Federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) o cualquier agencia federal, carece de la autoridad para emitir directivas sobre la gestión de los fondos del Estado de Kogi.
– La EFCC y otras agencias federales no pueden investigar ni detener a personas relacionadas con la gestión de los fondos del estado de Kogi o de los gobiernos locales.
El caso sigue planteando importantes interrogantes sobre los límites del poder federal y la autonomía de los gobiernos estatales en Nigeria.
