El Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC) ha vuelto a manifestar su descontento, esta vez emitiendo un aviso de 14 días al gobierno del estado de Edo para que desocupe su secretaría en Benín. El ultimátum, emitido por el Consejo Ejecutivo Nacional (NEC) tras su reunión en Owerri, estado de Imo, expirará el 8 de enero de 2025. Se pide a la policía que desocupe las instalaciones y devuelva todos los objetos confiscados al Congreso, con un claro compromiso de dejar de interferir en los asuntos sindicales.
El NLC ha condenado las acciones tanto de la policía como del gobernador del estado de Edo, Monday Okpebholo, que afirma haber orquestado una redada en la secretaría del NLC del estado.
En su declaración, el NLC no se disculpó por denunciar lo que calificó de “acto descarado de impunidad”. El saqueo de las propiedades, junto con la sustracción de objetos, se realizó supuestamente en un esfuerzo por imponer un liderazgo ilegítimo a los trabajadores.
El NLC advierte que si el gobierno no cumple con el plazo de 14 días, tomará “medidas sin precedentes” para proteger los derechos de los trabajadores
Mientras tanto, el NLC sigue impulsando su agenda más amplia. La reunión del NEC en Owerri no sólo se centró en el estado de Edo, sino también en cuestiones urgentes a las que se enfrentan los trabajadores nigerianos. Una de las principales preocupaciones es el impacto de las políticas gubernamentales en las pequeñas empresas y los trabajadores de la economía informal, que según el NLC están siendo los más afectados por el clima económico actual. El Congreso pide una intervención federal inmediata para proteger los derechos financieros de los ciudadanos, en particular de las pequeñas empresas que luchan por sobrevivir en este duro entorno.
El NLC también sigue insistiendo en los fracasos económicos del gobierno, en particular la actual escasez de efectivo. El sindicato expresó su indignación por la forma en que se obliga a los nigerianos a renunciar a hasta el 5% de sus fondos sólo para acceder al efectivo. Se trata de una situación que sólo empeora las dificultades económicas que ya sufre la mayoría de la población. Como si eso no fuera suficiente, el NLC también está alarmado por la persistente inseguridad que asola al país, y señala que los nigerianos han pagado 2,23 billones de naira en rescates solo este año. Es una situación que sigue empeorando, con un alarmante número de nigerianos que pierden la vida y son secuestrados cada año.
Además de eso, el NLC está en desacuerdo con el sistema fiscal actual, en particular con el proyecto de ley fiscal que se está tramitando en la Asamblea Nacional. El sindicato sostiene que los trabajadores han sido excluidos de las discusiones sobre este proyecto de ley, que califica de “inaceptable” y una violación de la justicia fiscal. El mensaje del NLC es claro: si los trabajadores no están en la mesa, están en el menú. Esta exclusión del proceso de reforma fiscal es solo otro ejemplo de cómo el gobierno sigue pasando por alto a las personas que se supone que se beneficiarán de estos cambios.
El NLC pide que se detenga por completo el proyecto de ley fiscal y exige una consulta más amplia con los trabajadores nigerianos. Insisten en que el proyecto de ley, en su forma actual, tiene motivaciones políticas y no refleja las necesidades de la gente. Para ellos, un sistema fiscal justo es aquel que es inclusivo y garantiza la transparencia y la rendición de cuentas.
En cuanto a la estrategia del gobierno para abordar el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de Nigeria, la NLC es contundente, ha fallado a la gente y las consecuencias son muy visibles.
