El Ministro del Territorio de la Capital Federal, Nyesom Wike, ha lanzado otro ultimátum severo a los 762 propietarios de terrenos del Distrito Maitama II, en Abuja. A estos morosos se les ha concedido una última prórroga de dos semanas para pagar sus certificados de ocupación o enfrentarse a la consecuencia final: la revocación de sus asignaciones de tierras.
Esta directiva, anunciada por su Asistente Especial Superior en Comunicaciones Públicas y Nuevos Medios, Lere Olayinka, parece ser la última medida de Wike en su campaña de reforma agraria. Aunque el Ministro insiste en que el objetivo del gobierno no es despojar a la gente de sus tierras, sino garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, el público se ha quedado cuestionando las agresivas tácticas de aplicación de la ley.
En octubre, se publicó una lista de 3.273 morosos, a los que se les concedió un período de gracia de dos semanas para saldar sus deudas. De ellos, 2.511 cumplieron, lo que deja a 762 personas en situación de mora. A pesar de su aparente indiferencia, algunos de estos morosos ahora tienen dificultades para pagar después de que se emitiera otro aviso de revocación, lo que llevó a Wike a conceder esta última prórroga.
La última prórroga finaliza el 3 de enero de 2025, después de lo cual, según Wike, no habrá más indulgencias. El incumplimiento dará lugar a la retirada de los títulos de derecho de ocupación (R-of-O), de conformidad con la Sección 28 de la Ley de Uso del Suelo de 1978. El ministro ha advertido de que esta vez, la revocación será definitiva.
Este ultimátum llega justo un día después de que Wike revocara de forma polémica las asignaciones de tierras pertenecientes a algunas figuras de alto perfil, entre ellas el expresidente Muhammadu Buhari, el presidente de la Cámara de Representantes Tajudeen Abbas y el secretario de Gobierno de la Federación George Akume.
El gobierno parece estar enviando un mensaje contundente: paguen sus deudas o perderán sus derechos. Si bien algunos ven esto como un impulso muy necesario para la rendición de cuentas, otros cuestionan si el proceso se está aplicando de manera justa o selectiva.
