La facción del Partido Laborista de la Asamblea Legislativa del Estado de Anambra se ha opuesto a los supuestos intentos del gobernador del estado, el profesor Chukwuma Soludo, de obligar a los presidentes de los gobiernos locales a devolver al estado la asignación federal que les corresponde.
Hace quince días, Anambra celebró sus elecciones para el gobierno local, en las que todos los candidatos de la Gran Alianza de Todos los Progresistas (APGA), que son leales al gobernador Soludo, ganaron las 21 áreas de gobierno local.
Sin embargo, los miembros del Partido Laborista en la asamblea estatal afirman que un proyecto de ley presentado ante la cámara pretende obligar a los presidentes a que devuelvan a las arcas estatales la asignación de los gobiernos locales recibida directamente del gobierno federal.
Lo que dicen
La facción del LP declaró en una reunión informativa el martes por la noche:
“Recientemente, se presentó a la Asamblea el proyecto de ley de administración del gobierno local del estado de Anambra.
“Algunas secciones del proyecto de ley, en particular las secciones 13, 14 y 16, buscan obligar a los gobiernos locales a pagar su asignación federal en una cuenta que establecerá el gobierno estatal, lo que viola la sentencia de la Corte Suprema.
“En consecuencia, nosotros, como bancada del Partido Laborista en la Cámara de la Asamblea del Estado, deseamos manifestar lo siguiente: que respaldamos la decisión de la Corte Suprema, el tribunal más alto del país, sobre la autonomía del gobierno local y la gestión de sus fondos.
“Que, según la orden vigente de la Corte Suprema, la Cámara de la Asamblea del Estado no puede hacer leyes que busquen obligar a los gobiernos locales a pagar su asignación federal al gobierno estatal bajo cualquier pretexto.
“Por lo tanto, apoyamos a la abrumadora mayoría del pueblo de Anambra en la defensa de la constitución y la decisión de la Corte Suprema”.
Recordemos que el 11 de julio de 2024, la Corte Suprema dictó sentencia en la demanda n.º: SC/CV/343/2024, Fiscal General de la Federación V. Fiscal General del Estado de Abia y otros.
En esa sentencia, la Corte Suprema, entre otras declaraciones, prohibió al Gobierno del Estado, a sus agentes, alguaciles, funcionarios y a quienes actúen en su nombre o siguiendo sus instrucciones interferir, gestionar, recaudar, recibir, gastar o entrometerse con los fondos del Consejo de Gobierno Local de la Cuenta de la Federación.
El tribunal también ordenó que el dinero adeudado a los Gobiernos Locales se les pagara directamente.
