El estado de Jigawa se ha retirado de un importante caso de la Corte Suprema iniciado por el estado de Kogi, que cuestiona los poderes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para examinar las finanzas estatales. El caso, marcado como SC/CV/178/2023, cuestiona el fundamento mismo de la autoridad de la EFCC cuando se trata de husmear en las cuentas estatales.
El fiscal general de Jigawa, Bello Fanini, anunció la salida del estado en una conferencia de prensa el sábado, pocos días después de presentar la notificación oficial en Abuja. “En el mejor interés de las prioridades legales y administrativas de Jigawa, nos hemos retirado”, dijo, y agregó que la notificación ya se ha enviado al registrador jefe de la Corte Suprema, al fiscal general de la Federación y a los otros 14 estados que se unieron a la demanda junto con Kogi.
Esta batalla legal, iniciada por el estado de Kogi, apunta a las agencias federales, incluidas la EFCC y la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU). La demanda sostiene que las agencias federales no tienen por qué investigar cómo los gobiernos estatales administran sus propios fondos, afirmando que la Ley de Establecimiento de la EFCC choca con la Constitución nigeriana. Kogi y los estados demandantes afirman que la EFCC se extralimita al meter las manos en los asuntos estatales, pisoteando el principio de autonomía estatal.
El Fiscal General de Jigawa insistió en que la salida del estado del caso es una decisión estratégica, centrada en abordar lo que él llama “asuntos legales más urgentes”. Pero, ¿se trata de un cambio de prioridad genuino o una retirada conveniente? Fanini fue diplomático y dijo: “Respetamos las posiciones legales de los otros estados involucrados, pero nuestro enfoque está en usar eficientemente nuestros recursos para beneficiar a los ciudadanos de Jigawa”. Si bien tuvo cuidado de evitar cualquier crítica directa de la demanda, su declaración deja lugar a la especulación.
El momento no podría ser más intrigante. La demanda en sí se ha convertido en un pararrayos, atrayendo el interés de todo el país y suscitando preguntas sobre los poderes federales frente a los estatales. Los demandantes argumentan que la participación de la EFCC en las finanzas estatales debería estar estrictamente regulada, exigiendo la aprobación de las Asambleas estatales antes de cualquier investigación. La salida de Jigawa no hace más que avivar el debate en curso sobre los límites constitucionales, dejando en manos de la Corte Suprema la decisión de si la EFCC tiene derecho a perseguir a los estados o si se está adentrando en un territorio prohibido.
